Vandalismo de Estado

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Reprimir las expresiones urbanas, es irrumpir la cultura de una población, es dictaminar las prácticas culturales, cancelar el diálogo entre los habitantes de una sociedad a través de su cotidianidad.

Días después de solicitar licencia como gobernador del estado, Javier Duarte de Ochoa desapareció de todo rastro visible para la sociedad veracruzana. La acción fue catalogada como fuga y confirmó aquello que ya sabíamos; aquello que los diputados y senadores veracruzanos sabían, aquello que las instituciones gubernamentales sabían, aquello que los empresarios y el capital privado sabían, aquello que la sociedad veracruzana, sus maestros, estudiantes, universidades, obreros, clases bajas, clases medias y clases altas, sabían: Javier Duarte de Ochoa estaba enriqueciéndose de la propiedad pública sin consideración alguna hacia los demás. Estaba enriqueciéndose de nuestros recursos como entidad federativa, del recurso humano y material.

El factor común: Omisión

La ciudadanía fue capaz, a pesar de la manipulación mediática y la complicidad de las instituciones públicas y culturales, de percibir el atraco económico y la imposición política del duartismo. Sin embargo la acción social se vio agredida por las fuerzas del orden. Los periodistas y activistas que denunciaron la administración de Duarte fueron asesinados dentro y fuera del estado, con la mayor impunidad posible. 19,  si hablamos en dígitos del duartismo y sin contar la administración de Fidel Herrera.

La omisión fue más allá de la incapacidad social, penetró la columna del miedo

Aristegui NoticiasVeracruz: 24 periodistas y fotógrafos asesinados en los últimos 11 años

Medios nacionales e internacionales, periodistas independientes e investigadores, han recaudado información y pruebas que funcionarían para procesar a Javier Duarte de Ochoa si éste fuese encontrado. Se han publicado los casos de sus empresas fantasmas, de las pruebas falsas de VIH, del desvío de recursos en todas las dependencias gubernamentales, de asesinatos y desapariciones a manos de la fuerza del Estado, de adeudo a la Universidad Veracruzana, de largos etcéteras en la administración más fraudulenta, autoritaria y represiva que ha conocido Veracruz en su historia reciente, rayando en la ficción, en lo inhumano e incomprensible. Mucho se ha escrito, se seguirá escribiendo y se deberá de escribir como ejercicio de memoria y acción de búsqueda:

El País El Gobierno de Javier Duarte en Veracruz compró pruebas falsas de sida para la población

Horizontal | Crónicas de guerra: Javier Duarte contra la Universidad Veracruzana 

ContralíneaVeracruz, el millonario desvío de recursos federales

Proceso | Javier Duarte, las horas contadas

ProcesoEl infierno de Javier Duarte

Aquella acción de búsqueda también fue ejercido por la PGR, las autoridades veracruzanas y La Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL), pero resultan aletargadas e ineficientes, sin una sola prueba que confirme el paradero del ex mandatario. El nuevo gobernador del estado, Miguel Ángel Yunes Linares, se ha encargado de continuar con la omisión, desviando sus declaraciones públicas hacia la descalificación entre adversarios políticos y riñas personales, a pesar de ganar los votos de la ciudadanía con la promesa de procesar a Javier Duarte. Hace apenas unas semanas, dio a conocer el descubrimiento de una bodega que contenía pertenencias de Duarte y su esposa, Karime Macías. El seguimiento de las investigaciones, si se han continuado, no se han hecho públicas, poniendo a tela de juicio la veracidad del hallazgo.

La JornadaHallan bodega con documentos y bienes de Duarte en Córdoba

En este contexto, la ciudadanía veracruzana se ha visto obligada a extender la búsqueda por las calles, en una acción de protesta contra las autoridades por su ineficiencia y como ejemplo de memoria para la sociedad.

Puede apreciarse por las avenidas más transitadas de ciudades vecinas a Veracruz, como Xalapa, Tlaxcala y otras entidades del país, carteles de “SE BUSCA” a estilo de película western, donde figura el rostro de Javier Duarte de Ochoa en tinta negra. La popularidad del cartel se amplió debido al registro fotográfico de Reuters. Las imágenes fueron portada de artículos como El País, La jornada, Foro TV y múltiples medios nacionales que propagaron la acción.

El gobierno municipal de Xalapa negó estar involucrado con la aparición de los carteles e instó a los xalapeños y autoridades que brindaran información sobre los “actos vandálicos”. En una de las extensiones de Noticieros Televisa, se hizo pública la intención del ayuntamiento xalapeño de identificar con los actores de los hechos para sancionarlos.

Aquí planteo interrogantes al fenómeno: ¿Que legitima la búsqueda? ¿Cuándo un acto se identifica vandálico? ¿Realmente se está buscando a Javier Duarte?

El mensaje se hace notar: sólo el Estado tiene la función de enjuiciar a los gobernantes que operaron en sus estructuras.

Pero encontramos otra interrogante: ¿Qué estructuras legitiman al Estado como órgano rector y quiénes las crean?

Recordemos que el 19 de mayo de 2016 Javier Duarte creó la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, órgano dependiente de la Fiscalía General del Estado (FGE), que afianzaba su inmunidad al dejar el cargo.

Las mismas estructuras creadas por los representantes políticos son hoy quienes los buscan. Su legitimidad como órganos de justicia debe ser cuestionada. Al mismo tiempo, las autoridades (en su intención de búsqueda), deberían incentivar la participación ciudadana.

Sin embargo, cuando una manifestación tiene cualidades de intervención pública, para buscar perdurar en el imaginario de los ciudadanos, la reacción del Estado se encamina a tildar la acción como “vandalismo”. Esto obliga indirectamente que las acciones de pugna social sean de carácter efímero, reduciendo la participación popular a brotes espontáneos de inconformidades. En una época de fervor mediático, de información transitando a mil por hora, se precisan medidas que busquen introducirse al espacio público de manera constante para hacernos reflexionar aquello que no alcanzamos a retener más allá de un periodo temporal.

El término vandalismo se acomoda fácilmente a las autoridades para generalizar toda acción contra el orden público, aunque este “orden” se encuentre en un estado de descomposición debido a la clase política que se encarga de administrarlo. Si entramos en generalizaciones, debemos incluir también bajo el término de vandalismo, aquellos actos de corrupción, desvío de recursos o asesinato de voces divergentes que los gobiernos mexicanos acometen. Tal parece que sancionar a un grupo de activistas por desplegar carteles con el rostro de un prófugo de la justicia, es de mayor interés que encontrar al prófugo mismo.

¿Podemos denunciar la proclama de un cartel como vandalismo? ¿Debemos llamar vandalismo a los perjuicios de un gobernante?

El mensaje vuelve a ser contundente: reducir todos los actos de manifestación simbólica a vandalismo, evitará que las personas del espacio público miren tales manifestaciones como un ejercicio de crítica y cuestionamiento.

Las estrategias del Estado intentan determinar qué concepto corresponde a qué acción, para deslindarse de un concepto e identificarse en otro. Resumiendo la lógica del Estado: las manifestaciones simbólicas (cartel, stencil, graffiti) son denominadas vandalismo. Sin embargo, estos medios de expresión también se utilizan en el quehacer político cuando son direccionadas a difundir candidatos electorales. La propaganda aparece en las vías públicas sin el mínimo consenso.

¿Es acaso el contenido de las expresiones lo que determina si es o no vandalismo?

La diversificación de las manifestaciones artísticas del siglo XX, adoptan a las expresiones callejeras bajo el reconocimiento de street art para ampliar las plataformas de sensibilización. Podemos describirlo como parte del arte activista que re inserta el debate político. Más allá de una acción vandálica para el Estado, es una muestra de la cultura popular que interpreta su contemporaneidad y sus contextos.

Reprimir las expresiones urbanas, es irrumpir la cultura de una población, es dictaminar las prácticas culturales, cancelar el diálogo entre los habitantes de una sociedad a través de su cotidianidad.

Es una violencia ideológica del Estado y tenemos la facultad de llamarle vandalismo.